Padre se enfrenta a la normativa escolar de NJ que protege a estudiantes transgénero

Por Dana DiFilippo, New Jersey Monitor

El hombre presentó una demanda después de que su hija intentara usar pronombres masculinos en la escuela

Una amarga batalla legal en el condado de Hunterdon, que ahora se encuentra ante un tribunal federal de apelaciones en Filadelfia, podría afectar la forma en que las escuelas tratan a los estudiantes transgénero y que cuestionan su género en Nueva Jersey y el país.

Christin Heaps demandó a la escuela secundaria de su hija en el condado de Hunterdon el año pasado después de que ella le dijera a su consejera escolar que quería usar un nombre y pronombres masculinos. Los administradores de la escuela no informaron al padre sobre este cambio, del cual Heaps señaló que se enteró por casualidad cuando otro padre hizo referencia a la niña con un nombre masculino.

En la demanda federal que Heaps presentó en enero de 2024, acusó al personal de la escuela secundaria regional Delaware Valley en Frenchtown de interferir deliberadamente con su derecho constitucional como padre a determinar la mejor manera de criar a su hija. 

Ahora, la hija de Heaps recibe educación en casa (tanto él como los abogados de la escuela afirman que su hija ya no desea usar pronombres masculinos). Pero Heaps espera persuadir a los jueces para que anulen la Normativa 5756. Esta es la directriz estatal —ya impugnada en los tribunales por varios distritos escolares— que las autoridades educativas estatales emitieron en 2018, donde informaban a los distritos que podían aceptar el cambio de identidad de género de un estudiante sin notificar a los padres.

Heaps cuenta con un poderoso aliado. El grupo cristiano conservador de defensa legal, Alliance Defending Freedom, con una sólida financiación, se ha unido a su equipo legal y ha solicitado al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Filadelfia que escuche los argumentos orales del caso.

Si bien el Southern Poverty Law Center ha declarado a esta organización como un grupo de odio, esta ha tenido una enorme influencia en la administración Trump en su lucha contra las protecciones LGBTQ y los derechos reproductivos, entre otros temas. Los abogados de la alianza han acumulado más de una docena de victorias en la Corte Suprema de Estados Unidos y han impulsado con éxito leyes conservadoras en las legislaturas estatales de todo el país. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), fue abogado y portavoz de la alianza antes de incorporarse al Congreso.

En el caso Heaps, la alianza ha logrado el apoyo de 22 estados y numerosos grupos de derecha para su causa.

Aaron Potenza, consultor de políticas del grupo de derechos LGBTQ Garden State Equality, calificó el caso y sus posibles repercusiones como “profundamente preocupantes”.

“Se trata de jóvenes vulnerables que se sinceran con un adulto de confianza sobre algo muy personal y le dicen: ‘No me siento seguro con este tema en mi familia. No estoy listo para decírselo a mi familia'”, explicó Potenza. “Las consecuencias negativas de ‘salir del armario’ a la fuerza van desde algo tan grave como el abuso físico y emocional hasta ser expulsado del hogar, algo que sabemos que ocurre con frecuencia a los jóvenes LGBTQ, y en particular a los trans”. 

La batalla legal se produce en medio de un panorama federal que se ha vuelto más hostil hacia la juventud transgénero desde que Heaps presentó su demanda. Donald Trump ha sido reelegido presidente, la Casa Blanca ha criticado las protecciones trans y la Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido dos fallos clave en materia LGBTQ: uno que permite a los estados prohibir la atención médica de reafirmación de género para menores transgénero y otra que permite a los padres excluir a sus hijos de las clases que incluye libros con temática LGBTQ.

“Los estudiantes de Nueva Jersey tienen la suerte de que, durante décadas, este estado ha sido comparativamente progresista en la protección de los estudiantes”, afirmó Robert Kim, director ejecutivo del Centro de Derecho Educativo. “Pero los cambios legales más amplios en otros estados y a nivel federal en este momento son preocupantes en relación con los estudiantes LGBT+. Hemos visto órdenes ejecutivas y políticas extremadamente hostiles provenientes de la administración Trump y debemos estar al tanto de los avances en la Corte Suprema de Estados Unidos también en relación con la población estudiantil”.

Las protecciones estatales también podrían verse amenazadas, ya que los votantes de Nueva Jersey se preparan para elegir un nuevo gobernador en noviembre, agregaron los defensores. El republicano Jack Ciattarelli, exasambleísta estatal, y la representante estadounidense Mikie Sherrill, demócrata, se postulan para reemplazar al gobernador Phil Murphy, cuyo mandato está por terminar.

Cuando Ciattarelli se postuló a gobernador en 2021, afirmó que “revertiría” el currículo que exigía clases sobre la comunidad LGBTQ+ en las aulas. Al ser preguntado en un debate en febrero sobre las órdenes ejecutivas de Murphy que protegen a los residentes transgénero, Ciattarelli afirmó que “protegería a todos los grupos, en particular a los marginados”.

Se espera que quien gane designe a su propio fiscal general —quien podría tener diferentes prioridades políticas— en lugar del fiscal general Matt Platkin, quien ha luchado por preservar la Normativa 5756.

“El próximo gobernador y el fiscal general que designe tendrán una gran influencia sobre si todos los habitantes de Nueva Jersey seguirán estando protegidos por las leyes de derechos civiles establecidas desde hace tiempo y podrán rechazar la extralimitación federal en las decisiones extremistas de la Corte Suprema”, declaró Barbara Simon, directora sénior de información de GLAAD. 

 

La batalla en Frenchtown

Heaps, plomero de profesión y residente en Pittstown, no respondió a la solicitud de comentarios de New Jersey Monitor, y sus abogados se negaron a ponerlo a disposición para una entrevista. 

Sin embargo, en documentos judiciales, criticó duramente a las autoridades escolares por proceder en secreto con la transición social de su hija sin estar en conocimiento de que la niña había estado en terapia desde la escuela media por depresión, ansiedad, disforia de género y el trauma de la muerte de su madre cuando tenía 4 años.

Su hija cursaba el primer año de secundaria y era miembro del club de actividades extracurricular, Estudiantes que Defienden la Igualdad, en el otoño de 2023, cuando le dijo a Ashley Miranda, consejera escolar y asesora del club, que quería usar un nombre y pronombres masculinos, según los documentos judiciales. Los abogados de la escuela afirman que la niña le dijo a Miranda que no quería que su padre fuera informado.

Heaps se enteró en diciembre de 2023 y les pidió a las autoridades escolares que pararan, porque dicha transición social interfería con su terapia. Sin embargo, las autoridades escolares, citando la Normativa 5756, afirmaron que seguirían usando el nombre y los pronombres que su hija solicitó hasta que ella indicara lo contrario, según los escritos judiciales. Heaps retiró a la niña de la escuela y los administradores amenazaron a la familia con iniciar un proceso por ausentismo escolar, según sus abogados.

“Los acusados buscan respetar decisiones importantes en la vida de menores relacionadas con su educación, salud mental y física sin el consentimiento informado de sus padres, al tiempo que intentan ocultarles dichas decisiones, como en este caso, lo cual viola el principio constitucional, reconocido desde hace tiempo, de que los padres con custodia ‘poseen lo que a un niño le falta en madurez, experiencia y capacidad de juicio, necesaria para tomar las decisiones difíciles de la vida'”, argumentan en los documentos los abogados de Heaps.

En su demanda, Heaps nombró como demandados a la escuela, su junta de educación, a Miranda, al superintendente escolar Scott McKinney, a Platkin y a Kevin Dehmer, el comisionado estatal de educación. Los documentos judiciales identifican a su hija como “Jane Doe” para proteger su privacidad. 

Heaps busca que los jueces declaren inconstitucional la Normativa 5756 y prohíban a Platkin usar la Ley Estatal Contra la Discriminación para justificar que los distritos escolares adapten la transición social de los estudiantes sin notificar a sus padres. También quiere que su hija regrese a la escuela, acompañada por un monitor independiente para “proteger sus derechos parentales” a expensas de la junta escolar.

La jueza federal de distrito Georgette Castner ha rechazado dos veces los argumentos y solicitudes de medidas cautelares de Heaps, la más reciente en noviembre, al no encontrar “intrusión proactiva en asuntos familiares privados”.

“El expediente indica que Jane inició la solicitud de transición social y que los Demandados de la Junta no la obligaron a presentarla ni la impidieron ni la disuadieron de discutirla con el demandante”, escribió Castner. “El expediente demuestra que los Demandados de la Junta actuaron únicamente a petición afirmativa de Jane”.

El padre apeló el caso ante el Tercer Circuito en diciembre, y la Alliance Defending Freedom se unió al caso. En un escrito presentado a finales del mes pasado, los abogados de la alianza argumentaron que “la historia y la tradición profundamente arraigadas protegen los derechos de los padres, incluso cuando sus hijos asisten a la escuela”.

“El gobierno no debe cuestionar una decisión parental simplemente porque a un adolescente no le guste”, escribieron los abogados de la alianza.

Un portavoz de Platkin declinó hacer comentarios.

Los fiscales estatales han intentado que se desestime el caso.

“Si es cierto que la joven ya no desea que la llamen con un nombre masculino ni pronombres masculinos en la escuela, entonces no hay necesidad de litigar en absoluto; según la propia política del Distrito, no habría fundamento para seguir llamándolo de esa manera”, escribió el fiscal general adjunto Matthew Lynch en un escrito de agosto. “Más que ser la base para una medida de emergencia, sería la base para declarar el caso irrelevante, ya que no se necesitaría una orden judicial”. 

Castner, sin embargo, también denegó esa solicitud, indicando en noviembre que el caso es discutible porque Heaps quiere que su hija regrese a la escuela de 700 estudiantes, donde la política sigue vigente y se aplicará.

 

Una balanza de equilibrio

 

Kim, directora del Centro de Derecho Educativo, considera que la batalla legal es “un complejo equilibrio de intereses y derechos” entre los estudiantes transgénero que sufren daños en casa por parte de familiares que no los apoyan, y los padres que tienen derecho a dirigir la crianza de sus hijos.

“Las escuelas se encuentran en una situación realmente difícil. Tienen la responsabilidad, en vez de los padres, de proteger a los niños en el entorno escolar y prevenir daños u hostilidad hacia el estudiante, y también tienen el deber legal de proteger la privacidad de los estudiantes en su condición transgénero o en transición”, explicó Kim. “Al mismo tiempo, las escuelas tienen el deber de mantener a los padres informados sobre lo que sucede con sus hijos, sin duda, y también tienen el deber de proporcionar acceso a los expedientes estudiantiles”. 

Aplaudió a Platkin por presionar a los distritos escolares por “no lograr alcanzar este equilibrio correctamente”, en referencia a la demanda de Platkin contra cuatro distritos (Manalapan, Marlboro, Middletown y Hanover) que habían aprobado medidas que exigen la notificación a los padres cuando los estudiantes cambian su identidad de género.

Platkin ha defendido la Normativa 5756 como un enfoque “centrado en el estudiante”, y sus defensores afirman que cuenta con el respaldo de expertos en psicología pediátrica y desarrollo.

Sin embargo, Potenza predijo que Platkin y los funcionarios educativos estatales se verán obligados a emitir más directrices para las escuelas en los próximos meses, ya que demandas como la de Heaps y los continuos ataques federales a las políticas pro-LGBTQ hacen que las escuelas recelen de cometer errores.

 

“Estamos en un clima actual, al menos a nivel nacional, en el que, si algo como esto llega a la Corte Suprema, podemos imaginar cuál será el resultado”, dijo Potenza. “Han demostrado que no están muy abiertos a estas afirmaciones de que los niños trans tienen derechos bajo la Constitución”.

 

This translation was provided by Reporte Hispano, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University and is supported by funding from the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by New Jersey Monitor and is being republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.

Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.