El gobierno demanda a 4 ciudades de NJ sobre las políticas de inmigración, pero los alcaldes dicen que no retrocederán

Colleen Murphy y Jelani Gibson, NJ Advance Media for NJ.com

 

Una demanda federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a cuatro ciudades de Nueva Jersey —Newark, Jersey City, Paterson y Hoboken— de violar la ley federal al negarse a cooperar con las autoridades de inmigración.

La demanda, que fue presentada el 22 de mayo en la corte federal de Newark, apunta a las políticas de las ciudades “santuario”, que los funcionarios federales dicen obstruyen los esfuerzos para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados acusados de cometer delitos.

“Cuando la inacción se mezcla con obstrucción, los gobiernos locales violan la ley federal”, establece la denuncia. “Eso es lo que está sucediendo en Nueva Jersey ahora mismo. Ya es hora de que termine”.

El Departamento de Justicia bajo la administración del presidente Donald Trump argumenta que estas políticas no solo son ilegales sino también peligrosas.

“Esto no solo pone en riesgo la seguridad de los oficiales, sino que también pone en peligro a las comunidades más amplias a las que juran proteger”, dice la denuncia.

La norma de una ciudad santuario es cuando el gobierno local limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración, mayormente para proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación y así construir confianza entre las comunidades de inmigrantes y la policía local.

Según la queja legal, las cuatro ciudades se niegan a detener a personas para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) a menos que se presente una orden criminal firmada por un juez.

Las ciudades también restringen el intercambio de información sobre la situación migratoria de los individuos y niegan a los agentes del ICE acceso a las cárceles locales a menos que se proporcione una orden judicial, alega la demanda.

Los funcionarios federales afirman que estas medidas ya han llevado a la liberación de personas detenidas por violencia doméstica y robo, a pesar de las detenciones de ICE.

El gobierno federal está pidiendo a la corte que anule las políticas de la ciudad santuario y que impida que las ciudades las apliquen. 

Los líderes de dichas ciudades argumentan que sus reglamentos tratan de proteger los derechos de los residentes y asegurar la igualdad de trato bajo la ley.

Los cuatro alcaldes se han pronunciado en contra de las premisas de la demanda, negando que su legislación representa un peligro.

El alcalde de Hoboken, Ravi Bhalla, que declaró a Hoboken una “Ciudad Justa y Acogedora” en su primer acto como alcalde en 2018, emitió una fuerte refutación a la demanda.

“La ciudad de Hoboken trabajará vigorosamente para defender nuestros derechos, tener nuestro día en la corte y derrotar la ilegalidad de la administración Trump”, dijo Bhalla. “Para ser claros: no vamos a retroceder”.

Llamando a la demanda “absurda”, el alcalde de Newark Ras Baraka también defendió la postura de su ciudad.

“Nada en nuestras políticas impide que las fuerzas del orden hagan su trabajo”, dijo Baraka. “Lo que nos negamos a hacer es convertir nuestra ciudad en un brazo de la aplicación de la ley federal de inmigración, que según ha determinado la corte no es nuestro papel”.

Baraka también se opuso a las afirmaciones de que la ley estatal de santuario compromete la seguridad pública, llamando a tales acusaciones no solo ofensivas sino totalmente falsas.

Hizo hincapié en las estadísticas que muestran que los inmigrantes son más propensos a ser víctimas de delitos que perpetradores y dijo que no hay evidencia de que las políticas de santuario hagan a las comunidades menos seguras.

“De hecho”, señaló Baraka, “hemos reducido los homicidios en un 61 por ciento desde que me convertí en alcalde”.

El alcalde de Paterson Andre Sayegh hizo eco de ese sentimiento, llamando a la demanda “un pleito frívolo y una flagrante afrenta al estado de derecho”.

“No nos intimidarán y lucharemos contra este intento flagrante de ganar puntos políticos a expensas de Paterson”, agregó.

El alcalde de Jersey City Steven Fulop dijo en un post en X: “Jersey City es demandada por ser una ciudad santuario; supongo que MAGA se quedó sin teorías conspiratorias para la semana”.

“Esta es la verdad: las políticas de Jersey City protegen a las familias, reflejan nuestros valores y han llevado a tasas bajas récord de delincuencia. Como gobernador, no me intimidarán. Lucharemos contra esto y ganaremos”.

Tanto Baraka como Fulop se postulan para la nominación demócrata a gobernador en las primarias del 10 de junio.

Amy Torres, directora ejecutiva de la New Jersey Alliance for Immigrant Justice, también criticó la demanda legal.

“En los últimos meses, el gobierno federal parece decidido a definirse por cuántas peleas puede tener con Nueva Jersey”, afirmó Torres. “Desafortunadamente para ellos, nuestros líderes estatales no son amables con el acoso”.

“Ahora es el momento para que los líderes de Nueva Jersey se levanten en defensa de las comunidades inmigrantes, que constituyen casi una cuarta parte del estado”, agregó Torres. “Es hora de que Nueva Jersey muestre al resto del país cómo se ve la resistencia al autoritarismo”.

En Nueva Jersey, las fuerzas del orden local no están autorizadas a detener, interrogar, arrestar, registrar o detener a una persona bajo la única sospecha de ser indocumentada bajo lo que se conoce como la Directiva para Fortalecer la Confianza del Inmigrante.

Es una orden de la oficina del Fiscal General del Estado y uno de los propósitos declarados de la ley es establecer que las personas indocumentadas puedan presentar informes de delitos sin temor a ser deportadas.

La Oficina del Fiscal General del estado dijo el viernes que esa directiva ya había sido confirmada previamente en los tribunales.

La oficina del Fiscal General del Estado, Matthew Platkin, señaló que el estado no es nombrado en la demanda.

“El Tercer Circuito ya ha confirmado la Directiva para Fortalecer la Confianza del Inmigrante del estado, que asegura que nuestros oficiales de policía puedan enfrentar eficazmente los delitos violentos, la violencia con armas de fuego y el tráfico de drogas, mientras se aseguran de que las víctimas y los testigos puedan presentarse con seguridad para denunciar delitos independientemente de su estatus migratorio”, dijo la oficina en un comunicado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a comentar el caso.

 

Esta traducción fue proporcionada por New Jersey Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ.com y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by New Jersey Hispano, in partnership with Montclair State University’s Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJ.com and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.