Con el aumento de precios de electricidad, algunos estados consideran nuevas leyes para los centros de datos
Por Kevin Hardy, Stateline vía New Jersey Monitor
A medida que los estadounidenses muestran una creciente frustración por sus facturas de electricidad, varios estados están tratando de evitar que el creciente número de centros de datos del país provoque aumentos en los costos de energía para los consumidores.
Durante años, muchos estados compitieron agresivamente por atraer centros de datos, enormes complejos llenos de servidores informáticos que almacenan y transmiten los datos detrás de aplicaciones y sitios web. Pero ahora, muchos funcionarios están examinando cómo esos proyectos, que consumen grandes cantidades de energía, podrían afectar las facturas eléctricas de los hogares, los pequeños negocios y otras industrias.
El año pasado, Oregon se convirtió en uno de los primeros estados en promulgar una ley que exige a las compañías eléctricas cobrar tarifas distintas a los centros de datos en comparación con otras industrias, debido a cómo estos incrementan el costo de la producción y transmisión de energía.
«Ahora estamos haciendo que los centros de datos paguen una tarifa más alta acorde con la cantidad de energía que están extrayendo del sistema», dijo el representante estatal de Oregon Tom Andersen, demócrata.
Líderes republicanos y demócratas en al menos una docena de estados han apuntado a los centros de datos con tarifas eléctricas separadas y más altas para proteger a otros clientes. Los estados también están exigiendo compromisos a largo plazo y garantías financieras mediante colaterales antes de autorizar inversiones en infraestructura para nuevos proyectos de centros de datos. Sin embargo, los legisladores reconocen que numerosos factores influyen en los precios de la energía, por lo que atribuir costos específicos a los centros de datos puede resultar complicado.
Un mundo cada vez más digital y el auge de la inteligencia artificial, intensiva en consumo energético, han impulsado una gran expansión de los centros de datos. La consultora McKinsey & Company estima que las empresas gastarán casi $7 billones a nivel mundial en centros de datos para 2030. Sin embargo, la industria enfrenta un creciente escrutinio, tanto de vecinos que no quieren vivir cerca de enormes granjas de servidores como de residentes preocupados por el impacto en sus propias facturas de servicios públicos.
En Delaware, una legislación que impondría tarifas más altas a los centros de datos avanzó en comité la semana pasada. El martes, un comité del Senado estatal de Florida aprobó un proyecto de ley que crearía nuevas estructuras tarifarias para estos complejos.
En Oklahoma, un senador estatal republicano ha propuesto una moratoria para nuevos centros de datos hasta finales de 2029, con el fin de estudiar cómo afectan las tarifas de servicios públicos, el medio ambiente y los valores de las propiedades.
Una legislación separada del representante estatal Brad Boles busca proteger a otros usuarios de electricidad de los costos asociados a los centros de datos. Boles, presidente republicano del Comité de Supervisión de Energía y Recursos Naturales del estado, afirmó que su propuesta en desarrollo garantizaría que los centros de datos paguen su parte justa.
Boles declaró a Stateline que sus electores están cada vez más preocupados por los centros de datos, con una docena de posibles proyectos importantes propuestos en todo el estado.
«Estamos tratando de asegurarnos de que esos centros de datos paguen por su propia infraestructura y no traslademos ese costo o carga a los habitantes comunes de Oklahoma», dijo.
En Oregon, la legislación de Andersen creó una nueva estructura tarifaria para centros de datos con contratos a largo plazo y exigió que los reguladores separaran los costos de esas instalaciones de los de otros usuarios.
Sin embargo, defensores de los consumidores ya han acusado a la mayor empresa eléctrica del estado de intentar eludir la nueva ley, haciendo que los clientes residenciales paguen parte del costo a largo plazo de suministrar energía a grandes centros de datos en un caso tarifario pendiente.
Andersen, miembro del Comité de la Cámara estatal sobre Clima, Energía y Medioambiente, señaló que la nueva estructura tarifaria probablemente no reducirá de inmediato las facturas de los consumidores. Más bien, busca frenar aumentos futuros a medida que los centros de datos requieran mayor generación y transmisión de energía.
«No vamos a cambiar las tarifas que actualmente pagan los usuarios y consumidores de electricidad», dijo. «Solo va a detener futuros aumentos».
El auge de los centros de datos
Las facturas de servicios públicos siguen aumentando por encima de la inflación, lo que ha generado enojo entre los consumidores y un mayor escrutinio por parte de reguladores estatales, gobernadores y legisladores.
El auge de los centros de datos se menciona con frecuencia como una de las principales razones del aumento en los precios de la electricidad, ya que su operación requiere más generación, transmisión y mejoras en la distribución. Un análisis de Bloomberg News en septiembre encontró que los costos mayoristas de electricidad fueron hasta 267% más altos durante un mes que hace cinco años en áreas con una actividad significativa de centros de datos.
Las empresas del sector sostienen que no son la única causa del alza de precios.
«No es preciso trazar una línea directa entre la entrada en operación de grandes consumidores como los centros de datos y el aumento de precios. No es tan simple», afirmó Lucas Fykes, director sénior de política energética y asesor regulatorio de la Data Center Coalition, una asociación comercial que representa a propietarios y usuarios de centros de datos, incluidos Amazon, Meta y Visa.
Fykes afirmó que muchos factores han contribuido al aumento de los precios de la electricidad, incluidos fenómenos meteorológicos extremos y el envejecimiento de la red eléctrica nacional.
Señaló que su organización se opone a estructuras tarifarias que traten a los centros de datos de manera diferente a otros grandes consumidores eléctricos, como plantas industriales. La organización está trabajando con reguladores a medida que los estados implementan medidas para garantizar que residentes y pequeños negocios no asuman costos de grandes inversiones energéticas si proyectos importantes, incluidos centros de datos, no se concretan.
Fykes añadió que el país probablemente se encuentra apenas en las «primeras entradas» de una expansión tecnológica y de demanda energética más amplia.
«También estamos en una carrera global para desarrollar centros de datos, apoyar la inteligencia artificial y la infraestructura en la nube», dijo. «Es importante asegurarnos de mantener esos activos aquí en Estados Unidos».
Eso puede generar intereses contrapuestos para los líderes políticos, incluidos alcaldes que han impulsado inversiones de empresas tecnológicas.
«Queremos ser líderes en inteligencia artificial, pero no queremos la infraestructura necesaria para apoyarla», dijo Rusty Paul, alcalde de Sandy Springs, Georgia, en el área metropolitana de Atlanta.
El mes pasado, durante la reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos en Washington D.C., Paul reconoció el efecto de los incentivos fiscales de Georgia para centros de datos: «Están apareciendo por todas partes», dijo.
No obstante, añadió que las compañías eléctricas y los reguladores también están realizando mejoras largamente pendientes en la red que no están relacionadas con los centros de datos.
«El costo de la electricidad está subiendo para todos, y no todo está relacionado con los centros de datos», afirmó.
Un impulso bipartidista
La Georgia Public Service Commission (Comisión de Servicios Público de Georgia) creó el año pasado nuevas reglas destinadas a proteger a los usuarios de electricidad de los costos asociados a centros de datos. Además de cubrir la energía consumida en sus instalaciones, los centros de datos tendrían que financiar los costos de generación, transmisión y distribución asociados, indicó el regulador.
Pero algunos legisladores consideran que esas medidas no son suficientes.
El senador estatal Chuck Hufstetler, republicano, impulsa nuevamente una legislación que convertiría las reglas del regulador en ley. Su proyecto prohibiría a las compañías eléctricas trasladar a otros clientes los costos de combustible, generación o transmisión relacionados con centros de datos.
Hufstetler declaró que las reglas deben quedar plasmadas en la ley para evitar que se debiliten en el futuro.
Las altas facturas de servicios públicos, dijo, son uno de los principales problemas para sus electores. Los precios elevados jugaron un papel clave en las elecciones de noviembre, cuando los demócratas obtuvieron dos escaños en la Comisión de Servicio Público del estado, la primera vez en casi dos décadas que ganan un cargo constitucional estatal.
«Vi a personas con gorras MAGA entrando a los centros de votación diciendo: ‘No voy a votar por esos que subieron mis tarifas'», relató, en referencia a los republicanos que perdieron.
Hufstetler señaló que el proyecto de ley, que el año pasado avanzó fuera de comité, ya ha obtenido un fuerte respaldo bipartidista en el Senado estatal, donde cuenta con el patrocinio de varios legisladores republicanos y demócratas.
«Esto es verdaderamente bipartidista», afirmó. «Todos hemos escuchado a nuestros electores en todo el estado de Georgia».
La Georgia Public Service Commission coincide en principio con la legislación, indicó el portavoz de la agencia, Tom Krause. Sin embargo, explicó que el regulador teme perder flexibilidad si sus normas quedan establecidas directamente en la ley.
«No solo con este proyecto, sino cada vez que la Legislatura convierte en ley una regla que nosotros implementamos, nos ponemos un poco nerviosos porque puede atarnos las manos en circunstancias especiales», dijo.
Un desafío complejo
Como parte de la implementación de una ley aprobada el año pasado, el regulador de servicios públicos de Maryland está evaluando una nueva estructura tarifaria para centros de datos y otros grandes consumidores de energía.
Las regulaciones propuestas exigirían análisis previos obligatorios para usuarios de alto consumo, una tarifa específica para centros de datos y garantías financieras para evitar que otros usuarios terminen pagando grandes inversiones si los proyectos no se concretan.
La Office of People’s Counsel (Oficina del Defensor del Consumidor) de Maryland, una agencia independiente que representa a usuarios residenciales de servicios públicos, señaló que los cambios propuestos cumplen con los requisitos legales, aunque podrían hacer más para proteger a los consumidores.
En un comunicado el mes pasado, el defensor del consumidor de Maryland, David S. Lapp, indicó que los residentes ya están enfrentando costos más altos derivados de centros de datos ubicados fuera del estado.
«Mientras presionamos por mejores reglas federales para abordar esos costos, Maryland tiene la autoridad —y los clientes una necesidad clara— de asegurarse de que los centros de datos dentro de Maryland asuman todos los costos que imponen a los usuarios residenciales», afirmó Lapp.
El gobernador demócrata Wes Moore se unió recientemente a otros 12 gobernadores y a la administración Trump para instar al operador regional de la red eléctrica, PJM Interconnection, a proteger a residentes y negocios de los costos de infraestructura asociados a los centros de datos.
La delegada estatal demócrata de Maryland Lorig Charkoudian sostuvo que el operador de la red ha fallado durante años a los residentes de los 13 estados y el Distrito de Columbia a los que presta servicio. Al retrasar proyectos de energía renovable, dijo, PJM ha mantenido en funcionamiento plantas eléctricas más antiguas y costosas, elevando los precios mientras aumenta la demanda impulsada por los centros de datos.
El mes pasado, la junta directiva de PJM presentó un nuevo plan para centros de datos que, según indicó, mejorará las proyecciones de demanda, acelerará la incorporación de nuevos proyectos de generación y otorgará a los estados un papel más amplio.
Charkoudian explicó que los estados y las compañías eléctricas enfrentan dificultades para determinar con precisión cuánta energía será necesaria. Los desarrolladores de centros de datos suelen evaluar múltiples ubicaciones antes de decidir, lo que puede generar proyecciones muy imprecisas sobre la demanda real de electricidad.
«Esto tiene un impacto financiero muy concreto en los usuarios», declaró a Stateline. «Por eso, una de las cosas que realmente podría marcar la diferencia para los consumidores sería contar con una cifra precisa de cuánta capacidad se pondrá en línea».
Aunque algunos de estos desafíos escapan al control estatal, Charkoudian señaló que existen medidas que pueden adoptarse, incluida la nueva estructura tarifaria para grandes usuarios. Está elaborando un proyecto de ley que incentivaría a los centros de datos a reducir su consumo durante periodos de alta demanda, como los días de calor extremo, cuando el sistema eléctrico se ve presionado por el uso intensivo de aire acondicionado, según informó Maryland Matters.
Charkoudian añadió que ampliar la generación solar y el almacenamiento de energía son formas de bajo costo para responder rápidamente al aumento en la demanda. Asimismo, los estados pueden evitar la necesidad de mayor generación reforzando programas de eficiencia energética que reduzcan el consumo y, al mismo tiempo, los costos para los usuarios.
«El mejor momento para resolver esto fue hace cinco años», dijo Charkoudian. «El siguiente mejor momento es ahora mismo, porque el problema solo va a empeorar».
Esta traducción fue proporcionada por Americano Newspaper, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.
This translation was provided by Americano Newspaper, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by New Jersey Monitor and is republished under a special content-sharing agreement through the NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.
