Pocos reclusos se benefician de la ley de liberación compasiva de NJ

Por Colleen O’Dea, NJ Spotlight News

Defensores afirman que la norma no funciona como se esperaba y piden mejoras

Han pasado casi cinco años desde que el estado decretó una ley para facilitar la liberación compasiva de prisión de personas con enfermedades terminales o incapacidades permanentes.

Pero desde que la norma entró en vigor, menos de diez reclusos han sido autorizados a salir para recibir atención médica o para morir en casa o cerca de sus seres queridos. La cifra apenas supera los resultados del sistema de libertad condicional médica que sustituyó.

“En pocas palabras, la ley no está funcionando como se pretendía”, afirmó Joseph J. Russo, miembro de la Association of Criminal Defense Lawyers of New Jersey (Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Nueva Jersey). “Las alarmantes estadísticas revelan una dura realidad: se están concediendo muy pocas solicitudes de liberación compasiva, lo que expone fallos significativos en un proceso diseñado para preservar la dignidad y garantizar la justicia. Debemos implementar cambios reflexivos y guiados por criterios médicos para que la liberación compasiva sea más accesible, equitativa y humana”.

La ley de liberación compasiva se presentó como una vía para poner en libertad a más reclusos “gravemente enfermos” que el anterior sistema de libertad condicional médica, que solo había permitido la excarcelación de cinco personas en los últimos cinco años de su vigencia. En aquel momento, los patrocinadores del proyecto en la Asamblea, Gary Schaer (demócrata por Passaic) y Verlina Reynolds-Jackson (demócrata por Mercer), aseguraron que las “directrices claras” de la norma permitirían al sistema penitenciario reducir su población y el costo de atender a personas con enfermedades graves, además de “demostrar verdadera compasión hacia quienes tienen necesidades médicas profundas o padecen enfermedades terminales”.

 

¿Cuántos han sido liberados?

Informes anuales sobre el ahorro de costos derivados de la ley, elaborados por el Departamento de Correcciones del estado desde que la norma entró en vigor en 2021, indican que siete personas fueron liberadas hasta el 30 de junio de 2024. El informe correspondiente al año fiscal 2025 aún no ha sido finalizado.

La ley no obliga al Departamento de Correcciones a informar cuántas personas solicitaron la liberación, ni cuántas fueron consideradas elegibles o rechazadas.

Algunos reclusos murieron después de obtener la aprobación del departamento para su liberación, pero antes de que un juez de la Corte Superior, quien tiene la última palabra, pudiera aprobar o denegar la solicitud. No hay datos precisos sobre cuántos fallecieron y cuántos fueron rechazados. Según fuentes que pidieron no ser identificadas por no poder declarar públicamente sobre el asunto, hasta una docena de personas habrían muerto mientras esperaban la decisión final, incluido un hombre cuyo caso de fondo fue resuelto por la Corte Suprema el mes pasado.

Los informes estiman que el estado ahorró aproximadamente $72,000 en liberaciones anticipadas desde la entrada en vigor de la ley. El año pasado, el presupuesto total del departamento rondó los $1,100 millones.

Los tribunales federales permiten la liberación de reclusos por “razones extraordinarias y convincentes” que van más allá de una enfermedad grave o terminal, según la United States Sentencing Commission (Comisión de Sentencias de Estados Unidos). Los datos muestran que la Corte de Distrito de Estados Unidos de Nueva Jersey concedió la libertad compasiva a 62 personas bajo custodia federal, alrededor del 11% de quienes la solicitaron, en los años fiscales 2020-2024.

Los datos sobre las liberaciones en otros estados son irregulares. Massachusetts ofrece datos detallados por raza, etnia y tipo de enfermedad. En los ejercicios fiscales 2022-2024, las autoridades penitenciarias estatales informaron haber liberado a más de una cuarta parte de los reclusos que solicitaron lo que allí denominan “libertad condicional médica”, es decir, 44 personas.

Criterios médicos y obstáculos

 En Nueva Jersey, un recluso certificado por dos médicos como enfermo terminal con una expectativa de vida inferior a seis meses, o como permanentemente incapacitado por condiciones que lo hacen “incapaz de manera permanente de realizar actividades básicas de la vida diaria” y que requiere “atención las 24 horas” debido a una enfermedad no presente en el momento de la condena, puede solicitar la liberación. Los reclusos tienen derecho a contar con un abogado para defender su caso. La Oficina del Fiscal General o un fiscal del condado pueden oponerse. La decisión final corresponde a un juez.

Los defensores sostienen que varios problemas impiden que la ley de Nueva Jersey beneficie a más personas que enferman gravemente mientras cumplen condena.

Por un lado, las definiciones contenidas en la ley no se modificaron respecto al anterior sistema de libertad condicional médica y son más restrictivas que en otros estados. La organización nacional sin fines de lucro FAMM (por sus siglas en inglés), Families for Justice Reform (Familias por la Reforma de la Justicia), otorgó al programa de liberación compasiva del estado una calificación de C+ en su informe nacional de 2022, calificando los criterios de liberación como “extremadamente estrictos”. Estados con mejores calificaciones permiten la solicitud en fases más tempranas. Por ejemplo, cuando restan 18 meses de vida o cuando la enfermedad es menos grave.

“Incluso personas con condiciones médicas documentadas pueden tener dificultades para avanzar en el proceso”, señaló Alison Perrone, defensora pública adjunta. “Puede haber demoras para obtener una evaluación médica. Los médicos dependen de expedientes en papel, que pueden resultar muy engañosos”.

El informe de FAMM también criticó el requisito de Nueva Jersey de realizar dos evaluaciones médicas antes de que el Departamento de Correcciones emita un certificado de elegibilidad y, posteriormente, el tribunal tenga la última palabra, por considerarlo un procedimiento que puede tomar demasiado tiempo.

“En nuestra opinión, exigir dos exámenes médicos independientes para evaluar a una persona que podría estar a meses de morir, antes de que pueda siquiera solicitar la liberación al tribunal, es innecesario, consume tiempo y puede poner en riesgo su oportunidad de salir antes de fallecer”, señala el informe.

 

¿Interpretación demasiado restrictiva?

Los defensores afirman que no está claro cuánto saben las personas encarceladas sobre la ley y el proceso de solicitud. Según FAMM, la ley de Colorado exige que el personal médico y penitenciario identifique y remita a quienes cumplan los criterios para lo que en ese estado se conoce como libertad condicional por necesidades especiales; por ello, Colorado obtuvo la calificación más alta, A+.

Para que el proceso funcione realmente, Perrone señaló que las autoridades penitenciarias deberían “adoptar un papel más proactivo” en la remisión de quienes podrían calificar. Los defensores públicos no tienen forma de saber cuántos reclusos viven en enfermerías y, cuando una persona alcanza un nivel de enfermedad tan grave, el “proceso parece abrumador”, lo que puede hacer que no soliciten la liberación, incluso si saben que tienen derecho a hacerlo.

Perrone también dijo que deseaba que los jueces evaluaran los casos que se les presentan de forma que “se ajusten al espíritu de la ley”.

Abogados defensores afirman que los tribunales de Nueva Jersey han interpretado con frecuencia la ley de manera restrictiva, dificultando potencialmente el acceso y dando a los jueces argumentos para negar la liberación incluso a quienes cumplen los criterios.

La Corte Suprema del estado ha emitido varios fallos que en algunos casos han permitido la liberación y en otros la han bloqueado.

En enero de 2023, el tribunal emitió una decisión sobre dos casos en los que determinó que la ley no obliga a liberar a quienes cumplen los requisitos y que los jueces pueden mantener a una persona encarcelada si se da una o más de cuatro “circunstancias extraordinarias”: que el delito haya sido particularmente atroz, cometido contra una víctima especialmente vulnerable, dirigido contra instituciones de gobierno o de justicia, o que la liberación tenga un efecto marcadamente perjudicial para las víctimas y sus familiares.

Debido a que había matado a un agente de policía y “ejecutado un plan contra el sistema de justicia en sí”, a Al-Damany Kamau, anteriormente conocido como Eddie Lee Oliver, se le pudo negar la liberación. Pero en el caso de la interna identificada como A.M., condenada por matar a su esposo, no existían factores especiales que impidieran su excarcelación.

A comienzos de este año, el tribunal fue más allá y negó la liberación a Celestine Payne, condenada por dos homicidios y otros delitos. Cuando solicitó la liberación por primera vez, en noviembre de 2021 a los 71 años, Payne cumplía con los criterios médicos y sus abogados presentaron pruebas de su buena conducta en prisión y de su arrepentimiento. Sin embargo, la Corte Superior concluyó, y la Corte Suprema coincidió, que la buena conducta no compensaba la “conducta extraordinariamente cruel, atroz y depravada” de los delitos cometidos desde 1991.

La Corte Suprema intervino por primera vez en la ley en agosto de 2022, al ratificar fallos previos que consideraron inelegible para la liberación al interno identificado como F.E.D., quien padecía miocardiopatía, necesitaba usar un desfibrilador portátil las 24 horas y tenía “capacidad reducida para actividades instrumentales de la vida diaria”. La Corte Suprema determinó que, para calificar bajo la ley, una persona debe demostrar incapacidad para realizar al menos dos tareas básicas como comer, caminar, bañarse, vestirse, usar el inodoro o levantarse de la cama.

 

El fallo más reciente de la Corte Suprema

El mes pasado, la Corte Suprema emitió por unanimidad su fallo más reciente, en el que determinó que los reclusos que soliciten la liberación no tienen derecho a un examen físico para confirmar un diagnóstico de enfermedad terminal o incapacidad permanente. No obstante, al señalar que los médicos pueden basarse en expedientes médicos, el tribunal ordenó que las evaluaciones se realicen con información actualizada y que los médicos aborden de forma específica los criterios que una persona debe cumplir para calificar para la liberación.

El Departamento de Correcciones había determinado que el recluso identificado como M.R. no era elegible para la liberación tras basarse en la opinión de médicos que solo revisaron su historial médico, con registros de más de dos años de antigüedad.

“Esta Corte no puede aprobar sin más las decisiones de una agencia que se basan en conclusiones genéricas y que no cumplen con la exigencia de contemporaneidad establecida por la Ley de Liberación Compasiva (CRA, por sus siglas en inglés)”, señala la decisión.

Los magistrados no determinaron si M.R. cumplía los criterios para la liberación, pero habrían devuelto el caso para una revisión más exhaustiva de su condición. Sin embargo, mientras el caso estaba pendiente, los médicos diagnosticaron la reaparición del cáncer cerebral que M.R. había padecido a finales de 2020, y que le había dejado “secuelas neurológicas” y la necesidad de usar silla de ruedas. M.R. murió en junio de 2024, poco después de apelar ante la Corte Suprema, pero el tribunal decidió revisar el caso debido a la relevancia de las cuestiones planteadas.

“Estamos decepcionados con la decisión del tribunal en este caso, pues seguimos creyendo que debería requerirse un examen físico para determinar la elegibilidad médica bajo la Ley de Liberación Compasiva”, declaró Perrone, la defensora pública adjunta. “No obstante, nos alienta que la Corte haya exigido al Departamento de Correcciones proporcionar explicaciones más claras y completas al evaluar a las personas encarceladas para su liberación compasiva, y esperamos que esto conduzca a un tratamiento más cuidadoso en el futuro”.

En un comunicado, el Departamento de Correcciones afirmó que, a raíz del fallo, “el Departamento está llevando a cabo una revisión integral y está plenamente comprometido a garantizar que las personas sean evaluadas adecuadamente por el equipo médico conforme a la ley”.

Russo, de la Association of Criminal Defense Lawyers of New Jersey (Asociación de Abogados de Defensa Penal de Nueva Jersey), señaló que es importante que el estado logre que la ley funcione porque “la liberación compasiva es lo moralmente correcto”.

 

Esta traducción fue proporcionada por Americano Newspaper, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ Spotlight News y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by Americano Newspaper, in partnership with the Center for Cooperative Media at Montclair State University, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJ Spotlight News and is republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.