Corte municipal de New Jersey discriminó a acusados latinos, alega la Fiscalía General en una denuncia

Por Matt Gray | Para NJ.com

La corte municipal de una ciudad del condado de Cumberland discriminó a los acusados latinos al negarles la oportunidad de comparecer virtualmente en las audiencias judiciales, alega la oficina del Fiscal General del estado en una demanda de derechos civiles presentada el martes.

La demanda presentada por la División de Derechos Civiles de la fiscalía alega que, entre junio y diciembre del año pasado, los funcionarios judiciales de Millville exigieron a los acusados “que eran o se percibía que hablaban español” que comparecieran en audiencias judiciales en persona en lugar de permitirles asistir virtualmente, según la denuncia.

Esta práctica “negó a esos litigantes el acceso equitativo a los procedimientos judiciales virtuales” y violó la Ley contra la Discriminación de Nueva Jersey, argumenta el estado.

La investigación se inició después de que el juez de la corte municipal de Millville, Jason Witcher, alegara públicamente que esta discriminación estaba ocurriendo en su corte. Witcher dijo que trató de poner fin a la práctica, pero que sus preocupaciones fueron ignoradas.

Una investigación judicial estatal no encontró evidencia de discriminación en la programación de casos, pero descubrió que un porcentaje levemente mayor de casos de Millville que involucraban a acusados latinos fueron programados para sesiones en persona cuando había un intérprete disponible.

Según la ley estatal, se proporcionan intérpretes para todas las audiencias judiciales presenciales y virtuales.

El informe del poder judicial, que se emitió en febrero, incluyó reformas en todo el estado destinadas a garantizar que todos los acusados estén al tanto de los servicios de interpretación disponibles y puedan elegir audiencias judiciales virtuales cuando corresponda.

En Millville, los acusados con apellidos hispanos tenían casi el doble de probabilidades que los acusados con apellidos no hispanos de ser programados para una comparecencia en persona ante el tribunal, según la nueva denuncia. La supuesta discriminación perjudicó a estos acusados al exigirles que se tomaran más tiempo libre del trabajo, gastaran dinero en viajes y organizaran el cuidado de los niños, argumenta el estado.

“Las leyes de Nueva Jersey prohíben la discriminación basada en el origen nacional”, dijo el fiscal general Matthew J. Platkin en un comunicado. “Que alguien en la ciudad de Millville haya tenido que enfrentarse a la discriminación de cualquier entidad pública es decepcionante, desalentador e inaceptable.

“Tales prácticas solo sirven para erosionar la confianza del público. Nueva Jersey se compromete a eliminar la discriminación, sin importar dónde ocurra”.

Los funcionarios de Millville no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la denuncia.

Raymond Compari, administrador de la ciudad de Millville, señaló que los funcionarios no podían comentar sobre el litigio pendiente.

El poder judicial estatal no hizo comentarios sobre la denuncia el martes.

A partir de junio del año pasado, el tribunal de Millville comenzó a realizar sesiones judiciales presenciales los lunes y sesiones judiciales virtuales los miércoles, según la denuncia. El tribunal programó un intérprete de español en dos de las sesiones presenciales de los lunes de cada mes. Si bien los servicios de interpretación también estaban disponibles para sesiones virtuales, esta rara vez se usaba para personas que hablaban español, destaca la denuncia.

Para ilustrar el punto, el departamento indicó que aunque los intérpretes en persona solo estaban disponibles para el 25 % de las audiencias de los tribunales de Millville en cualquier formato entre el 13 de junio y el 31 de diciembre de 2022, el intérprete en persona brindó servicios al 95 % de aquellos litigantes que necesitaron servicios de traducción al español en comparecencias ante el tribunal durante ese período.

Los servicios de interpretación de audiencia virtual, por lo tanto, brindaron apoyo de interpretación en español para alrededor del 5% de los litigantes que necesitaban esta asistencia.

La División de Derechos Civiles revisó más de 14,000 correos electrónicos y archivos adjuntos del personal de la corte de Millville y entrevistó a numerosos testigos, varios de los cuales no fueron entrevistados en la investigación del poder judicial, según la denuncia.

La propia investigación del poder judicial sobre la acusación de parcialidad “no abordó significativamente si Millville participó en prácticas de programación que discriminaban en función del origen nacional al tratar a los acusados hispanos o latinx/e de manera diferente a otros litigantes”, según la denuncia.

El poder judicial solo señaló que “las sesiones en persona de hecho tenían un porcentaje ligeramente mayor de acusados con apellidos que sonaban hispanos/latinos que las sesiones virtuales”, afirma la denuncia, y agrega que la investigación de derechos civiles tuvo una indagación más profunda.

“Las alegaciones establecidas en esta demanda, que se basan en un conjunto de datos mucho más grande de comparecencias ante los tribunales, análisis de datos de expertos, numerosas entrevistas y la revisión de DDC de miles de correos electrónicos, cuentan una historia diferente…”, afirma la División de Derechos Civiles en su presentación.

La división busca el fin de las supuestas prácticas discriminatorias, un mandato para que los funcionarios judiciales de Millville se sometan a capacitación y tres años de seguimiento por parte de la división y que los afectados reciban daños compensatorios por gastos de bolsillo, humillación y angustia emocional causada por la conducta, dice la denuncia.

La División de Derechos Civiles confirmó en febrero que inició su propia investigación sobre las denuncias de discriminación de Witcher en el tribunal municipal de Millville y si “cualquier persona o entidad ha tomado represalias ilegales en respuesta a esas denuncias”.

Witcher alegó que enfrentó represalias por plantear el problema, pero ese asunto no se abordó en la presentación del martes ni en la declaración emitida por la Oficina del Fiscal General.

Witcher presentó una demanda en junio alegando que los funcionarios de la corte tomaron represalias contra él por alegar parcialidad en la corte de Millville. Afirmó que lo amenazaron con retirarlo del tribunal y que el poder judicial estatal se negó a permitirle ciertas concepciones por una condición médica que le requería que ocasionalmente presidiera sesiones virtuales de la corte de forma remota. Se requiere que los jueces comparezcan desde el banquillo en sus salas de audiencias para las sesiones presenciales y virtuales.

Witcher renunció al tribunal el 1 de agosto, alegando que temía más represalias y le preocupaba sufrir problemas médicos adicionales debido al estrés.

El presidente del Comité de Acción Puertorriqueña del Sur de Nueva Jersey, José Sánchez Sr., y el director ejecutivo, Ralph Padilla, emitieron una declaración conjunta el martes por la tarde elogiando los hallazgos publicados por la división de derechos civiles.

“La declaración emitida por la Oficina del Fiscal General de N.J. solo confirma lo que hemos alegado desde que nos enteramos de estos actos de discriminación”, dijeron. “Estos hallazgos deberían generar una reforma sobre cómo se capacita a los empleados de los tribunales municipales y seguir pautas estrictas que aseguren que todos los miembros de la comunidad tengan el mismo acceso a los servicios en los tribunales municipales en todo Nueva Jersey”.

Sánchez y Padilla también elogiaron a Witcher por haber denunciado el tema por primera vez.

“Felicitamos al juez Witcher por soportar todo lo que le ha pasado cuando lo único que hizo fue señalar una injusticia. Las investigaciones independientes deberían ser la norma en este tipo de investigaciones”.

Otros calificaron la presentación ante el tribunal como un hito importante para enfrentar la discriminación en Nueva Jersey.
“Estoy tan contenta de que la División de Derechos Civiles se haya tomado esto en serio”, afirmó Cuqui Rivera, encargada de la división de la reforma de la justicia penal de la organización Latino Action Network. “Realmente no hay lugar para tribunales municipales racistas en ningún lugar del mundo… es un gran paso”.

Rivera elogió al fiscal general y al director de la División de Derechos Civiles, Sundeep Iyer, por su trabajo en el caso.

Rivera cree que el problema no se limita a la corte municipal de Millville y que se necesita una investigación más amplia a las prácticas de las cortes locales.

“También necesitamos aumentar la diversidad en el poder judicial”, destacó. “Imagínese si el juez Witcher no estuviera allí y no tuviera el coraje de señalar este problema, a pesar de su propio detrimento”.

La Asamblea Legislativa de Latino Action Network creó un nuevo premio a principios de este año, The Power of Courage, específicamente para reconocer a Witcher por su trabajo en este tema, destacó Rivera.

Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ.com y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

En esta foto de 2010 se muestra al juez Jason Witcher prestando juramento como juez de la corte municipal de la ciudad de Salem.