Caso de segregación escolar en Nueva Jersey: una mirada a los puntos clave, lo que sigue en el caso Latino Action Network vs. NJ
Por Catherine Carrera | Chalkbeat Newark
Una coalición de defensores y familias tiene menos de dos semanas para apelar el fallo mixto de un juez de la Corte Superior de Nueva Jersey que afirmó que no pudieron demostrar que el sistema de educación pública del estado está segregado socioeconómicamente y que existe segregación racial en todos los distritos.
La tan esperada decisión del juez Robert T. Lougy publicada el 7 de octubre también encontró que las acciones, políticas y programas del estado no han logrado remediar la segregación racial evidente en numerosos distritos escolares de Nueva Jersey, rechazando la defensa del estado de que no debería ser considerado responsable.
Una sentencia judicial previa al juicio de 99 páginas no solo evitó favorecer abrumadoramente a una parte sobre la otra, sino que tampoco respondió preguntas clave, incluido qué se le debería exigir al estado que haga a continuación.
Los representantes legales de ambas partes han dicho que están revisando la decisión de Lougy con sus clientes. Los demandantes tienen hasta el 26 de octubre para decidir si van a juicio, inician negociaciones o presentan una apelación. Si deciden solicitar un “permiso para apelar” (una moción para apelar un error legal en el caso antes de que vaya a juicio) pueden obtener una extensión de 15 días, según establecen las reglas de las cortes de Nueva Jersey.
Como aún persisten preguntas, aquí hay una guía del caso, que incluye los puntos clave planteados en la demanda y los posibles próximos pasos.
¿Quiénes son las personas y organizaciones en este caso?
El fallo es el último de una batalla legal de cinco años que comenzó cuando varias familias y defensores demandaron a Nueva Jersey, argumentando que el aislamiento racial experimentado por miles de estudiantes negros y latinos viola la constitución estatal, que es única por su prohibición explícita de la segregación escolar.
La coalición de demandantes incluye a las familias de nueve estudiantes que asistieron a escuelas en Camden, Elizabeth, Highland Park, Hoboken, Newark, Paterson y Union City, y cinco grupos de defensa, incluidos Latino Action Network, NAACP New Jersey State Conference, Latino Coalition, Urban League del Condado de Essex y la iglesia United Methodist Church of Greater New Jersey.
La raíz de su demanda –argumentando que el estado es responsable por la segregación que es “ilegal, persistente y generalizada” en todo su sistema educativo público– está impulsada en parte por un estatuto de residencia conocido como “autonomía”.
Ese estatuto estipula que cada municipio tiene su propio distrito escolar independiente (un total de más de 600 distritos en Nueva Jersey) y que los niños que viven en esa ciudad son asignados para asistir a esas escuelas. Los demandantes señalaron que la “historia indiscutible” de las políticas gubernamentales discriminatorias en materia de vivienda condujeron a la segregación residencial de Nueva Jersey, que solo se ha replicado en el sistema escolar bajo el gobierno autónomo.
Mientras tanto, los demandados son el Estado de Nueva Jersey, la Junta de Educación del estado, el Departamento de Educación del estado y la Comisionada Interina de Educación Angelica Allen-McMillan, así como los demandados intervinientes, que incluyen representantes y padres de estudiantes de las escuelas charter y renacentistas.
El estado argumentó que no viola su constitución y que la segregación en un puñado de distritos no establece una violación a nivel estatal. También argumentaron que el alivio de la segregación existente “esencialmente destruiría todo el sistema de escuelas públicas del estado”.
¿Nueva Jersey tiene escuelas segregadas?
Nueva Jersey tiene uno de los sistemas escolares de mejor desempeño del país, pero varios estudios han demostrado que también es uno de los más profundamente divididos por raza y clase. Si bien se ha demostrado que la integración beneficia a los estudiantes, los políticos de todo el país la han abandonado en gran medida debido a la oposición política y las restricciones legales.
El estado ocupa el sexto lugar en la nación en términos de mayor segregación de estudiantes negros y el séptimo en segregación de estudiantes latinos, según un estudio del Proyecto de Derechos Civiles de UCLA en 2017.
Como parte de su evidencia, los demandantes utilizaron datos de inscripción estatal de 2016-17 que mostraban que el 30% de los estudiantes latinos y el 25% de los estudiantes negros asisten a escuelas donde la inscripción de estudiantes no blancos está entre el 90% y el 99%, afirma la demanda. También identificaron 23 distritos con altos porcentajes de estudiantes latinos y negros que calificaban para almuerzo gratis o a precio reducido, que incluían Newark, East Orange, Orange e Irvington.
En su opinión, Lougy señaló que si bien no creía que hubieran demostrado que existiera segregación “en todo el estado”, los demandantes pudieron demostrar que existe un “desequilibrio racial marcado y persistente” en varios distritos escolares. Estuvo de acuerdo con los demandantes en que el argumento del estado de cambiar la demografía que muestra una disminución de estudiantes blancos “puede presentar desafíos, pero esos desafíos sólo enfatizan, no disminuyen, ‘la obligación y el poder de los funcionarios de educación de remediar el desequilibrio racial’”.
¿Qué podría pasar con el gobierno autónomo de Nueva Jersey?
Fuera de Nueva Jersey, las conversaciones sobre la segregación escolar se han visto sofocadas en los últimos años por las presiones de la pandemia y la reacción conservadora contra los llamados a enfrentar el racismo sistémico. Pero a medida que este caso continúa abriéndose paso en el sistema legal, podría hacer que la integración regrese a la conversación nacional.
Stefan Lallinger, que dirige una red de distritos escolares y agencias de vivienda comprometidas con la integración escolar, ha dicho que el mensaje de este caso “es que este problema está vivo y coleando”.
Algunas posibles medidas, como la creación de nuevas escuelas magnet que inscriban a estudiantes de distritos múltiples, podrían ser costosas pero populares entre las familias. Pero otros posibles remedios, como permitir que los estudiantes se transfieran de escuela o volver a trazar los límites de los distritos, históricamente han enfrentado la resistencia de los padres blancos ricos y de los contribuyentes que temen que una afluencia de estudiantes pobres de color socave las escuelas y los valores de las viviendas de su comunidad.
En su argumento, el estado defendió su estatuto de residencia, que obliga a los estudiantes a asistir a escuelas en la ciudad donde residen actualmente. La coalición de grupos de defensa cuestionó la afirmación del estado de que existe una “necesidad pública” de un gobierno autónomo y que la participación de los padres se vería afectada negativamente si las escuelas estuvieran más integradas.
“Ni los límites municipales ni los de los distritos escolares son impermeables en la lucha contra la segregación”, dijo Lougy, añadiendo el contexto de fallos anteriores de la Corte Suprema estatal. “Al cumplir con la obligación constitucional, y sin perjuicio del estatuto de residencia, el comisionado tiene la autoridad de cruzar las líneas distritales para evitar ‘la segregación de hecho’”.
La demanda y la discusión sobre la autonomía han llevado a algunos legisladores republicanos a patrocinar proyectos de ley que proponen que la autonomía forme parte de una enmienda constitucional estatal.
El senador estatal Jon Bramnick, republicano que representa a los condados de Morris, Somerset y Union, dijo en una entrevista con Chalkbeat que este tema debería manejarse a través de la legislatura, no mediante demandas. En febrero de 2022, él patrocinó un proyecto de ley que tenía una propuesta similar en la Asamblea, que tenía como objetivo garantizar que los estudiantes asistieran a la escuela pública más cercana a su hogar.
Bramnick dijo que teme que, sin enmiendas a la constitución estatal, la cuestión de la autonomía podría tardar décadas en decidirse en los tribunales. “No creo que nadie cuestione si existe segregación de facto en nuestras escuelas”, dijo Bramnick. “Así que no se escondan detrás del sistema judicial”.
¿Qué sigue y qué otros remedios son posibles?
El 26 de octubre [venció] el plazo para que las partes presenten una apelación, lo que les permitiría solicitar otra prórroga de 15 días.
También pueden iniciar un juicio o negociar. Otra opción es pedir a la Corte que se reconsideren o aclaren aspectos de la opinión, aunque dado que tomó un año y medio para obtener este fallo, eso probablemente solo prolongaría aún más el proceso legal.
En el pasado, esfuerzos estatales como el de Nueva Jersey no han impulsado la desegregación. En cambio, los actores federales han tomado la iniciativa.
En 1954, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que las escuelas segregadas racialmente son “intrínsecamente desiguales”. Sin embargo, poco cambió hasta que los tribunales y agencias federales, facultados por la Ley de Derechos Civiles de 1964, intervinieron para hacer cumplir el fallo. Luego, la segregación escolar se desplomó en el sur, donde se emitieron la mayoría de las órdenes judiciales, y los estudiantes negros se beneficiaron dentro y fuera de la escuela.
Pero el gobierno federal se ha alejado constantemente de la abolición de la segregación desde la década de los ‘80, con las agencias flexibilizando la aplicación de la ley y las cortes liberando a los distritos de la supervisión. Muchos funcionarios locales también rehuyeron debido a la resistencia política y a un fallo de la Corte Suprema de 2007 que limitó (pero no prohibió) el uso de la raza en los planes de integración voluntaria. Hoy en día, según un análisis de 2020, se pueden encontrar políticas activas de integración en solo 119 de los más de 13.000 distritos escolares del país y 66 escuelas charter.
Frustrados por la inacción federal y local, los defensores de la integración de Nueva Jersey llevaron su lucha a las cortes estatales. En 2018, un grupo de nueve estudiantes, sus familias y una coalición de grupos religiosos y de derechos civiles demandaron al estado con la esperanza de forzar la integración escolar.
“Parecía nuestra única opción”, dijo Christian Estévez, presidente de Latino Action Network, el principal demandante.
Los defensores buscaron una solución a nivel estatal porque la segregación de Nueva Jersey está impulsada principalmente por las diferencias raciales y económicas entre sus aproximadamente 600 distritos escolares. Un plan de integración eficaz permitiría que más estudiantes se mudaran entre esos distritos divididos, dicen los expertos, tal vez ampliando un programa de transferencia existente.
El vecino del norte de Nueva Jersey puede ofrecer inspiración y una advertencia.
En 1989, estudiantes de Hartford, Connecticut, presentaron una demanda alegando que las escuelas segregadas de la ciudad violaban la constitución estatal. Siete años después, la Corte Suprema del estado emitió un fallo histórico a favor de los estudiantes, incluido el demandante principal Milo Sheff.
El caso Sheff dio lugar a una serie de planes de integración voluntaria. Las escuelas magnet recientemente abiertas atrajeron a estudiantes blancos y asiático-americanos a la ciudad, y un programa de transferencia permitió que estudiantes negros y latinos se matricularan en escuelas suburbanas. Los programas crearon escuelas más diversas y mejoraron el rendimiento de algunos estudiantes.
Sin embargo, muchas familias de Hartford siguen decepcionadas. A pesar de los generosos incentivos financieros, los distritos suburbanos nunca han aceptado suficientes estudiantes transferidos para satisfacer la demanda. Y, para mantener la diversidad, algunas escuelas magnet de la ciudad con plazas abiertas rechazan a los solicitantes negros y latinos. Hoy en día, la gran mayoría de los estudiantes de Hartford todavía asisten a escuelas segregadas.
En enero de 2022, los demandantes y el estado acordaron un acuerdo final, que crearía escuelas magnet adicionales y abriría más plazas para estudiantes transferidos. Milo Sheff, que estaba en cuarto grado cuando comenzó el caso, tiene ahora 43 años.
John Brittain, el abogado principal de los demandantes de Sheff, dijo que los defensores de Nueva Jersey tendrán que luchar –tal vez durante muchos años– para mantener el compromiso del estado con el acuerdo de integración.
“Realmente se necesita gente de base, organización comunitaria, como la que tenemos en el movimiento Sheff”, dijo.
Construir un movimiento popular en torno a la abolición de la segregación parecería especialmente difícil en un momento en el que los estadounidenses no están de acuerdo sobre si las escuelas debieran siquiera enseñar sobre el racismo. Sin embargo, es posible ganar apoyo para la integración, dijo Lallinger, director de una red de distritos escolares y agencias de vivienda comprometidas con la integración escolar. Para lograr la aceptación de los padres y la comunidad se requiere educación, diálogo y perseverancia, añadió.
“No deberíamos fingir que el trabajo es fácil”, dijo Lallinger. “Pero tampoco deberíamos ponernos las anteojeras y decir que el statu quo es aceptable”.
Patrick Wall contribuyó con el reportaje de este artículo. Samantha Lauten contribuyó con el reportaje de este artículo.
Esta traducción fue proporcionada por New Jersey Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Chalkbeat Newark y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.
Los abogados de ambos lados del caso han dicho que están revisando con sus clientes la decisión previa al juicio de un juez del Tribunal Superior de Nueva Jersey para determinar los próximos pasos. Karen Pulfer Focht para Chalkbeat
